Piso de arriba
Baldosas hidraúlicas en Madrid
En esta casa del madrileño barrio de las Letras, el diseñador Alberto Gobbino Ciszak y su pareja, la artista María Rosenfeldt, han rescatado las baldosas hidráulicas, papeles pintados y estucos que habían ido cubriéndose durante años para recuperar las emociones del pasado.

Revés judicial para la familia de Lucía Vivar, la niña de tres años fallecida en 2017 en las vías del tren de la localidad de Pizarra (Málaga, 9.118 habitantes). La Audiencia Nacional ha absuelto al Administrador de Infraestructuras Ferroviarios (ADIF), entidad pública adscrita al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, de pagar 176.000 euros a los padres de la pequeña, en concepto de responsabilidad patrimonial. La niña falleció al ser golpeada por un Cercanías después de pasar toda la noche desaparecida. Para los cinco magistrados, la decisión de no suspender el tráfico ferroviario aquella madrugada fue razonable a la luz de la poca información disponible cuando la pequeña desapareció. En un primer momento cobró fuerza la posibilidad de que se tratase de un secuestro.

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Las Administraciones Públicas tienen como finalidad prestar al ciudadano un servicio que permita satisfacer el interés general. Para evitar la descortesía del funcionario, la normativa vigente establece unos principios básicos respecto del trato que la Administración y sus funcionarios han de dar a los usuarios de estos servicios públicos. De hecho, recientemente el Gobierno ha eliminado las citas previas para acudir a las administraciones y mejorar la calidad de las tramitaciones en un entorno más digital, accesible y adaptado a las necesidades de cada usuario.

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Los conductores multados por la Dirección General de Tráfico (DGT) tienen un plazo voluntario de hasta 20 días naturales desde que se recibió la notificación para pagar o recurrir si no está conforme con la sanción, pero el infractor también puede perder los puntos del carné. Si se concluye que el sancionado no puede conducir tendrá que entregar su permiso en cualquier jefatura u oficina de Tráfico.

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“Cambió la cerradura de la casa nada más fallecer nuestro padre para que no pudiéramos acceder a la vivienda familiar, la de todos los hermanos”. Este es el testimonio de Luisa (nombre ficticio) que, junto con los demás herederos, tuvo que ir a juicio para echar a su hermana del piso de la infancia. La mujer llevaba instalada tres años. No tenía dónde quedarse y así, dijo, podía cuidar de sus progenitores. Sin embargo, los demás hermanos ya pagaban a una persona que se ocupaba de esta labor. Tras el fallecimiento del padre, siguió viviendo allí con su madre. La gota que colmó el vaso, comenta Luisa, fue el cambio de cerradura del inmueble. Un aviso de que pensaba quedarse en el piso y pasar por encima de los derechos de sus hermanos.

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Quien pretenda adelantar a 2024 su pase a la situación de pensionista debe conocer los requisitos necesarios para acceder a la jubilación anticipada. El importe de la retribución futura es fundamental para decidir si compensa retirarse antes de la edad ordinaria de jubilación.

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Cometer un error en la declaración del IRPF puede resultar fatal. Hacienda no entiende de errores y, normalmente, sanciona al despistado contribuyente como si hubiera defraudado a propósito. Sin embargo, los tribunales examinan caso a caso si la AEAT ha respetado el derecho a la presunción de inocencia de los administrados para darles la razón en su batalla contra Goliat. Un reciente pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que ya avanzó el Confidencial, ha liberado a un contribuyente de pagar una sanción de más de 72.000 euros tras acreditar que se equivocó en las declaraciones en el IRPF de los ejercicios de 2014, 2015 y 2016. El fallo de este órgano judicial (cuyo texto puede consultar aquí) ha abierto la caja de Pandora.

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Si los organismos del Estado ya estaban obligados a dar información sobre las retribuciones de altos cargos, desde ahora los ciudadanos también tienen derecho a conocer tanto la titulación requerida como el salario del personal técnico de las administraciones públicas y de las empresas estatales, incluyendo universidades, agencias del Estado y entes públicos.

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